Atribuciones

De conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según modificación introducida por la Ley N° 7333 de 5 de mayo de 1993, las atribuciones del Consejo Superior literalmente dicen:

  1. Ejecutar la política administrativa del Poder Judicial, dentro de los lineamientos estable­cidos por la Corte Suprema de Justicia.
  2. Designar, con excepción de los que corresponden a la Corte, a los funcionarios que administran justi­cia, de conformidad con las normas legales y reglamen­ta­rias correspon­dientes; trasladarlos, provi­sio­nal o definitivamente, suspen­derlos y conce­derles licen­cias con goce de sueldo o sin él y remover­los, todo con arreglo de las disposi­cio­nes correspon­dien­tes, sin perjuicio de las potestades atribuidas al Presidente.
  3. Designar funcionarios interinos o suplentes que administran justicia, cuando se compruebe­ que los Despachos no se encontraren al día.
  4. Ejercer la potestad disciplinaria respecto de los servidores judiciales, de conformidad con la ley y sin perjuicio de las facultades conferidas a la Corte Plena, al Presidente de la Corte y al Tribu­nal de la Inspección Judicial.
  5. Designar interinos para suplir las vacancias, incluso de los funcionarios cuyo nombramiento en propiedad corresponde a la Corte.
  6. Trasladar, provisional o definitivamente, suspen­der, conceder licencias con goce de sueldo o sin él, remo­ver y rehabilitar, con arreglo a las dispo­siciones correspondientes, a todos los servidores judicia­les, sin perjuicio de las potestades atri­buidas al Presidente de la Corte.
  7. Aprobar o improbar la designación del personal subalterno que hiciere cada jefe administrativo en su respectivo Despacho, departamento u oficina judi­cial. Al hacerlo, verificará que el nombramiento se haya ajustado al procedimiento establecido para ello en el Estatuto de Servicio Judicial.
  8. (Derogado por Ley N° 7728 del 15 de diciembre de 1997).
  9. Resolver sobre los reclamos de carácter económico que se hagan al Poder Judicial, en cualquier­ con­cepto, y ordenar a los servidores judiciales, los reintegros de dineros que procedan conforme a la ley.
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  1. Resolver sobre las licitaciones y solicitar a la Corte Plena que acuerde las expropiaciones­ de inmuebles o la afectación de derechos reales que interesen al Poder Judicial. Acordada la expropia­ción de un inmueble o la afectación de derechos reales, la Corte Plena publicará el acuerdo en La Gaceta y pasará el expediente respectivo al Consejo Superior para que nombre uno o varios peritos, según se requiera, que rindan un avalúo del inmue­ble o derechos reales afectados. El avalúo no tomará en cuenta la eventual plusvalía originada en la construcción de la obra que motiva la expropia­ción o afectación de derechos. Rendido el avalúo, se pondrá en conocimiento de los interesados, mediante notificación personal o en la casa de habitación, a fin de que manifiesten, dentro de los quince días hábiles siguientes, si están de acuerdo en traspa­sar el inmueble o derecho real en cues­tión, por el precio señalado en el avalúo acogido por el Conse­jo; caso en el cual formalizarán el traspaso ante la Notaría del Estado, dentro de los tres meses siguientes.
  2. Si por cualquier razón no convinieren en el traspaso, el Consejo remitirá el expediente administrativo, dentro de los diez días hábiles siguientes, al Juzgado de lo Contencioso Administra­tivo y Civil de Hacienda que, por turno correspon­da, para que inicie las diligencias judiciales de avalúo por expropiación, conforme el procedimiento contemplado en la Ley de expropiaciones y afecta­ción de derechos reales del Poder Judicial.
  3. Invertir, en el mantenimiento y construcción de loca­les y en otros rubros que lo ameritan, los exceden­tes que pudieran producirse de acuerdo con lo que disponga la Corte Plena.
  4. Administrar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, de acuerdo con las políticas de inversión de ese Fondo, establecidas por la Corte.
  5. Reconocer a los servidores judiciales, el tiempo laborado en el sector público y ordenar el rein­tegro que corresponde al Fondo.
  1.  Resolver sobre la devolución de cuotas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial a otros regímenes de seguridad social.
  2. Otorgar toda clase de jubilaciones y pensiones judiciales.
  3. Dirigir, planificar, organizar y coordinar las actividades administrativas del Poder Judicial y proponer a la Corte, los reglamentos correspon­dien­tes.
  4. Conocer y aprobar el anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial.
  5. Conceder licencias con goce de sueldo a los servidores judiciales, para rea­lizar estudios o pro­yec­tos que inte­resen al Poder Judi­cial.
  6. Conocer en alzada, en los casos establecidos por la ley o por el reglamento, de lo resuelto por el Director o el Subdirector Ejecutivos.
  7. Conocer y aprobar el plan de vacaciones del Poder Judicial; con excepción del plan de vacaciones de las Salas de la Corte.
  8. Dictar las normas internas para el mejor desempeño de sus funciones, con excepción de los reglamentos.
  9. Regular la distribución de los asuntos judiciale­s entre los Despachos de igual competencia territorial, para obtener la equiparación del trabajo.
  10. Las demás actividades que sean propias de su cometido, en todo lo que no esté previsto de modo expre­so en la presente Ley.
  11. Cualquier otra que le atribuya la ley.
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Cuando existiere duda sobre si un asunto es o no es de competencia del Consejo, este resolverá, salvo que el conflicto sea con la Corte Suprema de Justicia, en el cual se estará a lo que ésta resuelva; en ambos casos sin recurso alguno.

En cualquier caso, todas las potestades del Consejo respecto de los servidores judiciales corresponderán a la Corte Plena, cuando se trate de Magistrados propietarios o suplentes.

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